Nuestros sistemas democráticos están en crisis. Cuando pensábamos que habíamos encontrado por fin una manera justa de administrar nuestras sociedades, han aflorado un sinfín de problemas que muestran y hacen latentes las carencias del sistema; deficiencias que se repiten a lo largo y ancho de la política democrática mundial, y que vamos a intentar resumir aquí[1]:
1) La razón de estado y la opacidad
Está claro que hay que mantener ciertos secretos guardados, sobretodo en lo que atañe a seguridad nacional, pero en muchos de los otros ámbitos la transparencia debería de ser cristalina, y no lo es. Los partidos de hoy juegan a la ambigüedad, viralizan mensajes muy bien estructurados por los gabinetes de prensa, y esconden las verdaderas intenciones de sus decisiones, más en sintonía con el sistema financiero y las grandes corporaciones globales que con las demandas sociales.
Los Estados se han convertido en macroempresas de titularidad pública gestionadas por los partidos, igual que los bancos, con activos y pasivos, flujos de crédito y deuda, mucha deuda. Parece que el fin justifica los medios, y la razón de estado pretende convencernos de que ‘lo que se está haciendo es lo que hay que hacer’, como si no hubiera alternativas. Quizá no las haya, pero tampoco nos explican correctamente los objetivos que se persiguen, jugando a la ambigüedad y a las (falsas) promesas. La opacidad política actual parece responder más a la incapacidad que a una estrategia premeditada –o a ambas cosas.
2) Los intereses corporativistas
Las democracias actuales, fundamentadas sobre el pilar del ‘estado de derecho’, tienen la obligación teórica de preservar la seguridad, la paz y el bienestar de los ciudadanos, que ceden a cambio parte de su libertad individual en pro del equilibrio de la comunidad. Pero sucede que a veces, tal vez demasiadas, los políticos tienen la tendencia a actuar de acuerdo a una serie de razones e intereses que ellos mismos han creado, dejando en un segundo plano las necesidades ciudadanas: anteponen un supuesto bien común al bien de los individuos, o dicho de otra forma, priorizan ideales políticos y corporativistas sobre los derechos individuales de las personas.
Nuestro mundo se está volviendo cada vez más complejo, multicultural y en red, cosa que implica también una globalización de nuestros problemas; muchas de las medidas aplicadas a nivel local se toman más allá de los gobiernos nacionales, incluso por imperativo de inercias ajenas al sistema, como los mercados financieros. Nadie se quiere perder el tren de la globalización, ni dejar pasar la posibilidad de tener una vida cada vez mejor, más cómoda, más próspera. Pero hipotecar nuestro futuro a costa de vender el alma al diablo a cambio de, por ejemplo, un Eurovegas, grandes eventos internacionales, o unos Juegos Olímpicos que no podemos costear, tampoco parece la solución ni el mejor camino de cara al futuro, aunque los políticos se empeñen en lo contrario.
3) La corrupción
Muy unido al punto anterior está el asunto de la corrupción, o de cuando los intereses corporativistas se vuelven individuales. No es un problema de la democracia, sino del poder en todas y cada una de sus formas. La tendencia a utilizar bienes y privilegios públicos para el beneficio privado no es nueva, pero hoy ha vuelto a unos niveles demasiado elevados, en parte por la falta de mecanismos de control y transparencia de los que antes hablábamos. Quizá lo que realmente falte sea una base sólida en ética política (tanto por parte de los representantes como de los ciudadanos; también existe la corrupción ciudadana, léase en forma de trabajos no facturados, o el acceso fraudulento a subvenciones y ayudas…)
4) La tiranía de las mayorías
Éste es un problema ya clásico en la teoría política. La democracia se basa en una serie de procedimientos para la toma de decisiones colectivas, que se vehiculan a través de unos representantes ciudadanos elegidos por sufragio universal. Pero… ¿qué sucede cuándo uno de los partidos acapara la mayoría de las representaciones de manera absoluta? Primero, que las minorías dejan de verse representadas porque la mayoría se impone –y a menudo las ignora, o directamente las silencia–, mermando la calidad del sistema democrático; segundo, que el partido mayoritario se ve legitimado para tomar sus decisiones sin discusión, amparado en las cifras electorales, sin siquiera plantearse que sus decisiones puedan estar equivocadas y alejadas del bien común, pese a la buena voluntad que pongan en gobierno.
Esta situación, que se ha definido como tiranía de las mayorías, sólo se puede remediar desde una profunda revisión de los valores democráticos, pues cabe tener muy presente que el sistema democrático no se limita a un simple procedimiento de elección de representantes.
5) Demasiada representación y poca participación
Los partidos políticos han sido, desde sus inicios, la condición de posibilidad de la representación y la participación políticas. Pero su carácter opaco, corporativista y excesivamente burocrático y jerarquizado ha propiciado en los ciudadanos una pérdida de confianza hacia ellos. Los partidos actuales se fundamentan en el modelo representativo tanto en su seno interno como en su proyección externa: garantizan cierta participación en los estratos más bajos de su estructura de partido (juntas locales y provinciales), que a niveles más altos parece limitarse a legitimar la marcada representatividad de sus élites dirigentes, a menudo afines a lobbies y grupos de presión externos; de puertas afuera, su relación con los ciudadanos se limita a los procesos electorales cuatrienales.
En este sentido parece que nos encontramos en un momento de cambio. Por un lado, la opinión pública demanda cada vez más, y con más fuerza, una mayor participación en el sistema de toma de decisiones (son muchas las manifestaciones ciudadanas en los últimos años, entre las que destaca por encima de todas ellas el Movimiento 15M, también conocido como la Spanish Revolution); por otro, algunos partidos están empezando a tomar en serio estas reivindicaciones abriéndose al diálogo, a través de nuevas vías de comunicación con los ciudadanos como las redes sociales, en las que partidos y representantes políticos están presentes, en un intento de equilibrar la receptividad con la rendición de cuentas.
6) Deterioro institucional
La pérdida de confianza en la clase política (y en los sindicatos, y en otras organizaciones, gubernamentales o no) trae consigo una merma en el papel de las instituciones del Estado.
Tenemos un sistema electoral donde la proporcionalidad no está bien ponderada, ya que favorece el bipartidismo de los partidos nacionales mayoritarios (el voto útil les es exclusivo), y sobrerrepresenta a los partidos regionalistas en prejuicio de terceras fuerzas: la barrera legal del 3%, la fórmula electoral por el divisor de Hondt, o el establecimiento de la provincia como circunscripción electoral, son pesados lastres para nuestro sistema en vías de una representatividad más equitativa y acorde a la realidad social.
La separación de poderes es una falacia, en la que sobresale la falta de independencia del poder judicial (no olvidemos que los miembros del Consejo General del Poder Judicial, y por ende, del Tribunal Supremo, son elegidos por el Congreso y el Senado…), y donde existen otros grandes poderes de ordenación político-social, como el económico.
La Cámara Alta, el Senado, está continuamente puesta en cuestión, por un doble motivo: su composición como cámara de representación provincial no encaja con el modelo de las autonomías; sus funciones como cámara colegisladora se han visto debilitadas, siendo hoy una institución “de segunda lectura” cuyos vetos y enmiendas pueden ser rechazadas sistemáticamente por el Congreso, en una situación de clara asimetría institucional. Además, es uno de los cuerpos de representantes más numerosos del continente europeo.
¡Hasta la Magna Constitución de 1978, escrita con la prudencia que requería el momento de transición de la dictadura a la democracia, no se adecua en muchos de sus artículos a los tiempos actuales!
7) Falta de cultura política
Muchos de nuestros políticos no son expertos cualificados en política teórica, sino que proceden de otros ámbitos y profesiones llamadas ‘liberales’, pero han hecho carrera gracias a la fidelidad al partido y a una buena estrategia de apoyos y relaciones. Todos conocemos a algún concejal, alcalde, o incluso un alto cargo (¡hasta algún ministro!) que han ejercido o ejercen sus responsabilidades sin siquiera la educación básica obligatoria terminada.
Pero el problema de la falta de cultura política no depende exclusivamente de la formación o de los conocimientos políticos o intelectuales de nuestros representantes, sino que también es una falta de patrimonio ciudadano. La cultura política tiene que ver con las ideas y creencias (elementos cognitivos), las inclinaciones y los sentimientos (elementos afectivos), los valores y las percepciones (elementos evaluativos) que se manifiestan en un grupo determinado con respecto al sistema político de cada uno y del papel que se juega o se puede llegar a jugar en él. Esto se manifiesta a través de actitudes como la implicación en la toma de decisiones, la vinculación o afiliación a grupos o asociaciones, y en una voluntad de participación activa. Las estadísticas arrojan datos desalentadores: alrededor de un 15% de la población está implicada en actividades asociativas (la mayoría dedicadas a actividades deportivas y culturales) y sólo un 20% manifiesta interés por la política[2].
Una mayor cultura política contribuiría sin duda a la estabilidad del sistema, ayudaría a ponderar su calidad, y legitimaría sus mecanismos como sistema político válido para la regulación de nuestra convivencia.
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