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Los 7 pecados capitales de nuestra democracia

Nuestros sistemas democráticos están en crisis. Cuando pensábamos que habíamos encontrado por fin una manera justa de administrar nuestras sociedades, han aflorado un sinfín de problemas que muestran y hacen latentes las carencias del sistema; deficiencias que se repiten a lo largo y ancho de la política democrática mundial, y que vamos a intentar resumir aquí[1]:

1) La razón de estado y la opacidad
Está claro que hay que mantener ciertos secretos guardados, sobretodo en lo que atañe a seguridad nacional, pero en muchos de los otros ámbitos la transparencia debería de ser cristalina, y no lo es. Los partidos de hoy juegan a la ambigüedad, viralizan mensajes muy bien estructurados por los gabinetes de prensa, y esconden las verdaderas intenciones de sus decisiones, más en sintonía con el sistema financiero y las grandes corporaciones globales que con las demandas sociales.
Los Estados se han convertido en macroempresas de titularidad pública gestionadas por los partidos, igual que los bancos, con activos y pasivos, flujos de crédito y deuda, mucha deuda. Parece que el fin justifica los medios, y la razón de estado pretende convencernos de que ‘lo que se está haciendo es lo que hay que hacer’, como si no hubiera alternativas. Quizá no las haya, pero tampoco nos explican correctamente los objetivos que se persiguen, jugando a la ambigüedad y a las (falsas) promesas. La opacidad política actual parece responder más a la incapacidad que a una estrategia premeditada –o a ambas cosas.

2) Los intereses corporativistas
Las democracias actuales, fundamentadas sobre el pilar del ‘estado de derecho’, tienen la obligación teórica de preservar la seguridad, la paz y el bienestar de los ciudadanos, que ceden a cambio parte de su libertad individual en pro del equilibrio de la comunidad. Pero sucede que a veces, tal vez demasiadas, los políticos tienen la tendencia a actuar de acuerdo a una serie de razones e intereses que ellos mismos han creado, dejando en un segundo plano las necesidades ciudadanas: anteponen un supuesto bien común al bien de los individuos, o dicho de otra forma, priorizan ideales políticos y corporativistas sobre los derechos individuales de las personas.
Nuestro mundo se está volviendo cada vez más complejo, multicultural y en red, cosa que implica también una globalización de nuestros problemas; muchas de las medidas aplicadas a nivel local se toman más allá de los gobiernos nacionales, incluso por imperativo de inercias ajenas al sistema, como los mercados financieros. Nadie se quiere perder el tren de la globalización, ni dejar pasar la posibilidad de tener una vida cada vez mejor, más cómoda, más próspera. Pero hipotecar nuestro futuro a costa de vender el alma al diablo a cambio de, por ejemplo, un Eurovegas, grandes eventos internacionales, o unos Juegos Olímpicos que no podemos costear, tampoco parece la solución ni el mejor camino de cara al futuro, aunque los políticos se empeñen en lo contrario.

3) La corrupción
Muy unido al punto anterior está el asunto de la corrupción, o de cuando los intereses corporativistas se vuelven individuales. No es un problema de la democracia, sino del poder en todas y cada una de sus formas. La tendencia a utilizar bienes y privilegios públicos para el beneficio privado no es nueva, pero hoy ha vuelto a unos niveles demasiado elevados, en parte por la falta de mecanismos de control y transparencia de los que antes hablábamos. Quizá lo que realmente falte sea una base sólida en ética política (tanto por parte de los representantes como de los ciudadanos; también existe la corrupción ciudadana, léase en forma de trabajos no facturados, o el acceso fraudulento a subvenciones y ayudas…)

4) La tiranía de las mayorías
Éste es un problema ya clásico en la teoría política. La democracia se basa en una serie de procedimientos para la toma de decisiones colectivas, que se vehiculan a través de unos representantes ciudadanos elegidos por sufragio universal. Pero… ¿qué sucede cuándo uno de los partidos acapara la mayoría de las representaciones de manera absoluta? Primero, que las minorías dejan de verse representadas porque la mayoría se impone –y a menudo las ignora, o directamente las silencia–, mermando la calidad del sistema democrático; segundo, que el partido mayoritario se ve legitimado para tomar sus decisiones sin discusión, amparado en las cifras electorales, sin siquiera plantearse que sus decisiones puedan estar equivocadas y alejadas del bien común, pese a la buena voluntad que pongan en gobierno.
Esta situación, que se ha definido como tiranía de las mayorías, sólo se puede remediar desde una profunda revisión de los valores democráticos, pues cabe tener muy presente que el sistema democrático no se limita a un simple procedimiento de elección de representantes.

5) Demasiada representación y poca participación
Los partidos políticos han sido, desde sus inicios, la condición de posibilidad de la representación y la participación políticas. Pero su carácter opaco, corporativista y excesivamente burocrático y jerarquizado ha propiciado en los ciudadanos una pérdida de confianza hacia ellos. Los partidos actuales se fundamentan en el modelo representativo tanto en su seno interno como en su proyección externa: garantizan cierta participación en los estratos más bajos de su estructura de partido (juntas locales y provinciales), que a niveles más altos parece limitarse a legitimar la marcada representatividad de sus élites dirigentes, a menudo afines a lobbies y grupos de presión externos; de puertas afuera, su relación con los ciudadanos se limita a los procesos electorales cuatrienales.
En este sentido parece que nos encontramos en un momento de cambio. Por un lado, la opinión pública demanda cada vez más, y con más fuerza, una mayor participación en el sistema de toma de decisiones (son muchas las manifestaciones ciudadanas en los últimos años, entre las que destaca por encima de todas ellas el Movimiento 15M, también conocido como la Spanish Revolution); por otro, algunos partidos están empezando a tomar en serio estas reivindicaciones abriéndose al diálogo, a través de nuevas vías de comunicación con los ciudadanos como las redes sociales, en las que partidos y representantes políticos están presentes, en un intento de equilibrar la receptividad con la rendición de cuentas.

6) Deterioro institucional
La pérdida de confianza en la clase política (y en los sindicatos, y en otras organizaciones, gubernamentales o no) trae consigo una merma en el papel de las instituciones del Estado.
Tenemos un sistema electoral donde la proporcionalidad no está bien ponderada, ya que favorece el bipartidismo de los partidos nacionales mayoritarios (el voto útil les es exclusivo), y sobrerrepresenta a los partidos regionalistas en prejuicio de terceras fuerzas: la barrera legal del 3%, la fórmula electoral por el divisor de Hondt, o el establecimiento de la provincia como circunscripción electoral, son pesados lastres para nuestro sistema en vías de una representatividad más equitativa y acorde a la realidad social.
La separación de poderes es una falacia, en la que sobresale la falta de independencia del poder judicial (no olvidemos que los miembros del Consejo General del Poder Judicial, y por ende, del Tribunal Supremo, son elegidos por el Congreso y el Senado…), y donde existen otros grandes poderes de ordenación político-social, como el económico.
La Cámara Alta, el Senado, está continuamente puesta en cuestión, por un doble motivo: su composición como cámara de representación provincial no encaja con el modelo de las autonomías; sus funciones como cámara colegisladora se han visto debilitadas, siendo hoy una institución “de segunda lectura” cuyos vetos y enmiendas pueden ser rechazadas sistemáticamente por el Congreso, en una situación de clara asimetría institucional. Además, es uno de los cuerpos de representantes más numerosos del continente europeo.
¡Hasta la Magna Constitución de 1978, escrita con la prudencia que requería el momento de transición de la dictadura a la democracia, no se adecua en muchos de sus artículos a los tiempos actuales!

7) Falta de cultura política
Muchos de nuestros políticos no son expertos cualificados en política teórica, sino que proceden de otros ámbitos y profesiones llamadas ‘liberales’, pero han hecho carrera gracias a la fidelidad al partido y a una buena estrategia de apoyos y relaciones. Todos conocemos a algún concejal, alcalde, o incluso un alto cargo (¡hasta algún ministro!) que han ejercido o ejercen sus responsabilidades sin siquiera la educación básica obligatoria terminada.
Pero el problema de la falta de cultura política no depende exclusivamente de la formación o de los conocimientos políticos o intelectuales de nuestros representantes, sino que también es una falta de patrimonio ciudadano. La cultura política tiene que ver con las ideas y creencias (elementos cognitivos), las inclinaciones y los sentimientos (elementos afectivos), los valores y las percepciones (elementos evaluativos) que se manifiestan en un grupo determinado con respecto al sistema político de cada uno y del papel que se juega o se puede llegar a jugar en él. Esto se manifiesta a través de actitudes como la implicación en la toma de decisiones, la vinculación o afiliación a grupos o asociaciones, y en una voluntad de participación activa. Las estadísticas arrojan datos desalentadores: alrededor de un 15% de la población está implicada en actividades asociativas (la mayoría dedicadas a actividades deportivas y culturales) y sólo un 20% manifiesta interés por la política[2].
Una mayor cultura política contribuiría sin duda a la estabilidad del sistema, ayudaría a ponderar su calidad, y legitimaría sus mecanismos como sistema político válido para la regulación de nuestra convivencia.


[1] Artículo inspirado en Los problemas de la democracia, en Camps, Victoria (2001) Introducción a la filosofía política. Páginas 101 a 106. Editorial Crítica, Barcelona.
[2] Datos del Barómetro de Junio de 2012 del CIS.


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La política y las utopías

Entendemos por política la práctica ejercida con el objetivo del bien común, la administración de justicia, y la garantía de equilibrio en el sistema de relaciones, en todos los ámbitos, entre las personas de una misma colectividad. Es por tanto una actividad derivada de la capacidad/necesidad de vida en grupo de los seres humanos y de su socialización. Pero la clave de toda esta organización social radica en cómo y de qué manera se tiene que organizar y llevar a cabo esta práctica.

En el Renacimiento, el humanismo representó la renovación del hombre en su individualidad, al estilo de la Grecia clásica, lo que implicaba también una renovación en sus relaciones sociales, es decir, en la política. En este sentido, surgirán dos tendencias bien marcadas: la iusnaturalista, cimentada en la organización de la comunidad en base al ‘derecho natural’, y la historicista, como un retorno a los orígenes históricos de una comunidad determinada, que encontrará la renovación en sus principios y fuerzas primitivas.

El pensamiento de Tomás Moro es el que mejor representa el inicio de la vertiente iusnaturalista de la nueva política, que sintetiza en su Utopía de 1516. Moro intentó teorizar un nuevo orden social basado en la razón y la ética, la tolerancia religiosa, la solidaridad fundamentada en el placer del conjunto y en la propiedad compartida, pues pensaba que uno de los principales males y fuente de las diferencias y conflictos de su tiempo era la propiedad mal adquirida. Establece una estrecha relación entre el gobierno racional y la intelectualidad, siendo los Consejos de Sabios los que garantizan la felicidad y la armonía de la comunidad por medio de unas leyes naturales, positivas y universales.

Maquiavelo por otra parte inicia el realismo político, que se desmarca de las antiguas concepciones políticas de carácter moralista, para hacer una política de hechos, en un historicismo que debe reconocer claramente los orígenes de la comunidad (en su caso, una República italiana fuerte y unitaria), y la manera de llegar a esta meta. El Estado mismo tiene una razón propia y natural, defendida con uñas y dientes por un Príncipe que se erige en garante de la virtú, la capacidad política para comprender la realidad de una manera objetiva, una astucia política muchas veces ejercida por medio del engaño y la mentira, de leyes negativas (en el sentido de prohibiciones, limitaciones a la libertad en pro del objetivo común) o de juegos de compensación entre los más diversos intereses.

Si miramos estos dos sistemas desde la perspectiva contemporánea, podemos ver como, aunque evolucionados, siguen presentes. De hecho, el realismo político es, pertinentemente burocratizado y con el envoltorio de la democracia, el modelo imperante en la política de nuestros días que trata de gestionar, no sin ironía, unas comunidades teóricamente asentadas en los criterios de libertad, igualdad y fraternidad. El contexto en el que nos encontramos es el de una sociedad vertebrada en los postulados del sistema capitalista, del consumo, de la propiedad privada y de la libre competencia, pero también de unos Estados regulados por una serie de derechos y deberes constitucionales, una legislación que vela por el bienestar y la igualdad de oportunidades para todos, y que castiga a quien se sale de la norma. En nuestros Estados actuales, el precio que debemos pagar por la libertad va muy ligado al concepto de seguridad, por lo que la paz se garantiza por medio de la guerra (el mejor ejemplo lo tenemos en las políticas neoconservadoras norteamericanas). El ejercicio del poder se lleva a cabo con demagogia e impunidad desde los más diversos púlpitos, con la complicidad de los grandes grupos y medios de comunicación (que, no lo olvidemos, o son empresas privadas que buscan la rentabilidad económica y deben tener el poder de cara, o son entes públicos subvencionados por los gobiernos mismos), y a menudo mintiendo si se da el caso, como están demostrando las publicaciones de documentos secretos en WikiLeaks…

En contrapartida, y a priori, podría parecer que el sistema utópico planteado por Moro sería el modelo de organización ideal, lo más parecido a una democracia pura, una sociedad comunal y altruista donde no existieran los conflictos ni las desavenencias, con unos ciudadanos de una altura moral excelsa que cumplieran en cada momento la función que la utopía les asignara. Ha habido a lo largo de nuestra historia muchas utopías: las federativas de Owen y Fourier, el anarquismo de Proudhom o Bakunin, el comunismo marxista-leninista, o las utopías de emancipación de grupo, como el movimiento juvenil, el feminista, el sionismo, la contracultura hippie o el mayo del 68. Pero el modelo utópico contiene en sí mismo una serie de carencias y, sobre todo, muchas contradicciones; se trata a menudo de teorías que se pueden plantear sobre el papel, pero de muy complicada realización efectiva.

A grandes rasgos, utopía y realismo político son dos caras de la misma moneda. La libertad total, al igual que la felicidad absoluta, no existe; siempre deberá tener límites. Visto como está el panorama, no sería de extrañar que el modelo actual se agotara, o se ahogara en sí mismo, y nuevas utopías hicieran acto de aparición, tal vez gracias a la globalización, quizás en relación a la ecología, o puede que por una fuerte indignación colectiva que ya ha comenzado a latir.